Abogada Lilia Camejo: Hay 211 presos políticos militares y prácticamente todos fueron torturados y maltratados

No hay pruebas contra los militares acusados de conspirar contra el gobierno, afirma la directora ejecutiva de la organización Justicia Venezolana

Publicado por Lilia Camejo el 20-08-2019 03:30:00 AM

Del mundo militar algo conoce la abogada Lilia Camejo, y no solo por su historia personal sino por su decisión de defender a los presos políticos militares. La organización que dirige, Justicia Venezolana, tiene una lista de 211 militares detenidos, que considera ‘presos políticos’ por motivos por los cuales están tras las rejas. Si se pone la lupa sobre ellos se encontrará que 96 pertenecen al Ejército, 20 a la Aviación, 24 a la Armada y 71 a la Guardia Nacional Bolivariana. Hay de todos los rangos: “Desde mayores generales como Miguel Rodríguez Torres, hasta sargentos”,agregó Camejo.

Afirma que, el Ejecutivo de Maduro ha arremetido contra las fuerzas especiales de los cuatro componentes, pero los más golpeados son el Ejército y la GNB. 

-¿Por qué contra las fuerzas especiales?

-Estos oficiales manifestaron a sus superiores el descontento, la falta de alimentos y medicinas, la falta de elementos –incluso- para manipular los tanques. Los seis comandantes presentaron la queja a sus superiores, por lo cual los privaron de libertad y con expedientes sin pruebas. Los fiscales militares han llegado a las audiencias sin nada en los expedientes. La familia militar padece lo mismo que padece el resto de la población venezolana.

-¿Conspiraban o no contra el gobierno?

-Desde el punto de vista jurídico lo que nosotros encontramos en esos expedientes es que se instruyen de manera irregular e ilegal. El deber ser es que el Fiscal Militar abra una investigación y luego, si se investiga a los funcionarios, deben ser notificados de una investigación en su contra. Ahora es la Dgcim la que inicia la investigación, la que levanta el acta y entonces es que esto llega a la Fiscalía Militar, los oficiales son detenidos y presentados ante un tribunal. 

-¿Desde cuándo ocurre?

-Las primeras detenciones con este esquema son de 2013. Hay militares juzgados en tribunales civiles, lo que es una arbitrariedad, porque los militares deben ser juzgados por sus jueces naturales, que es la Corte Marcial. Esta irregularidad se presentó en 2017, al juzgar a civiles en la justicia penal militar.

-¿No hay pruebas en su contra?

-Los fiscales militares llegan sin elementos de convicción a presentar a los oficiales ante el tribunal de control. A un grupo de nueve militares lo culpan de haber grabado un video para que el pueblo desconociera el gobierno, pero el video no existe. Lo mismo pasa con el caso de Rodríguez Torres, imputado por cuatro delitos, ahora privado de libertad por instigación a la rebelión; a él no le hacen la audiencia preliminar porque tendrían que dejarlo en libertad. ¿Cuáles son las pruebas en su contra? Declaraciones a los medios de comunicación, tuits llamando a la reconciliación y al diálogo. Los delitos de los que los acusan no tienen sustento. 

-¿Por qué están presos entonces?

-Por el miedo del gobierno al descontento y a la fractura que hay en la Fuerza Armada. Los oficiales privados de libertad son institucionales, exigen que se respete la Constitución. Muchos de estos oficiales se graduaron con el Presidente Chávez, como Marín Chaparro.

-¿Qué delitos se les imputan?

-En todos los expedientes hay un ABC de delitos: instigación a la rebelión, rebelión militar, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, traición a la patria, ataque al centinela y delitos contra el decoro militar. 

De los 211, “hay unos 160 tras las rejas, otros tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad, todos con prohibición de salida del país y de declarar a los medios de comunicación”, detalla Camejo. A su juicio todos deberían ser liberados, porque “no hay elementos de convicción para haberlos pasado a juicio”. 

 

La abogada denuncia que hay retardo procesal, que no está garantizado el derecho a la defensa, ni a un juicio justo. Pero le alarma el que los militares sean detenidos y pasen 8, 20 y más días incomunicados, sin acceso a la familia, ni a los abogados, y que cuando los lleven a los tribunales de control lleguen “con signos de tortura y tratos crueles, que han sido denunciados incluso en la audiencia de presentación”. 

 

Prácticamente todos los 211 militares presos “llegaron con signos de torturas y tratos crueles”, denuncia Camejo. “Tenemos oficiales con costillas rotas, laceraciones en las muñecas, el tabique nasal roto”. 

El mayor Caraballo Lira, por ejemplo, “llegó a la audiencia con las costillas rotas, signos de golpes en la cara y los muslos quemados con un soplete, según dijo”. 

Camejo, abogada de Caraballo Lira, relata lo que le contó su defendido: “Fueron llevados a una zona montañosa, antes de ser enviados a la Dgcim”. 

Como Defensora de Derechos Humanos, insiste en descartar que el daño a los militares sea causado por militares: “Esos oficiales no creen que sea un maltrato propinado por sus compañeros”.